Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría declarar nulas todas las cesiones de datos personales entre administraciones públicas, lo que invalidaría desde el cobro de multas por embargo realizado por Hacienda hasta las tasas de basuras, si son gestionadas por una diputación.
La sentencia, del pasado 1 de octubre, establece que “una administración pública de un Estado miembro que transmita datos personales a otra Administración pública, ha de informar a los interesados de esa transmisión y tratamiento de datos”. Si no se cumple, las notificaciones de cualquier Administración pública a otra Administración pueden ser anuladas jurídicamente porque la mayoría de ellas no se ajustan a las directrices de la Unión Europea. Eso incluye los embargos efectuados por Hacienda o las multas de tráfico.
Eso es más grave de lo que parece. Por ejemplo, cuando un ayuntamiento debe ceder datos de un ciudadano a la diputación para tramitar el cobro de las basuras, ha de comunicar dicha cesión al ciudadano implicado. Si no lo hace, se arriesga a que todo el procedimiento sea declarado nulo.
Los expertos creen que “en principio, la sentencia tiene un gran impacto, porque los ayuntamientos transmiten miles de datos cada día”. Si esta adecuación no se realiza de forma ágil y correcta, podría llegar a producir un colapso en las administraciones.