El pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobaba el texto de la Directiva europea para la protección del denunciante.
El objetivo de la Directiva pretende garantizar un alto nivel de protección de los denunciantes estableciendo canales seguros para denunciar tanto en las empresas y entidades públicas como a las autoridades.
La normativa también pretenderá proteger a los denunciantes contra las represalias como por ejemplo el despido, el descenso de categoría y otras formas de castigo.
Y exigirá a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos y proporcionen formación a las autoridades públicas sobre cómo proteger especialmente a los denunciantes de corrupción.
De acuerdo con la nueva Directiva, los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.
La nueva Directiva tiene que ser, ahora, suscrita por los 28 países de un modo formal. Después será publicada en el diario oficial de la Unión Europea. Una vez que ocurra eso, entrará en vigor veinte días después de su publicación.
A partir de ese momento, los estados miembros dispondrán de dos años para trasponerla y convertirla en ley nacional.
Con esta normativa se impone la obligación de crear sistemas de denuncias internas a todas las entidades, tanto públicas como privadas, con excepciones: en el sector privado, están exentas aquellas empresas y entidades privadas que no alcancen los 50 empleados, mientras que, por el contrario, en el caso del sector público, los Estados miembros podrán (o no) dispensar de la creación de dicho canal de denuncias a las municipalidades de menos de 10.000 habitantes y a aquellas entidades públicas que no superen los 50 empleados.
En la actualidad, sólo diez países de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) ofrecen una protección jurídica completa.
La entrada en vigor de esta nueva Directiva exigirá una armonización considerablemente intensa, por lo que en países como España, que aún no cuentan con una protección del denunciante, supondrá un cambio radical de la situación actual.
La denuncia es una herramienta positiva para evitar males mayores en las organizaciones y esta normativa viene a apoyar al trabajador en la relación de confidencialidad con la empresa, es importante garantizar la confidencialidad en todo el proceso de la denuncia.