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Delegado de Protección de Datos

Delegado de Protección de Datos (DPD)

 

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) exige la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD); el DPD es la persona encargada de sensibilizar, informar y asesorar a los Responsables y Encargados del tratamiento de los datos de las obligaciones del reglamento. Con esto se pretende llevar un correcto tratamiento de datos personales.

Reglamento Europeo de Protección de Datos

¿Quién debe tener un DPD?

Es recomendable que todas las empresas, entidades o autónomos que traten datos personales tengan un DPD. Pero se convierte en un hecho obligatorio en los siguientes casos:

  • La actividad principal del Responsable requiera un seguimiento periódico y sistemático de datos personales.
  • La actividad principal del Responsable consista en el tratamiento de datos personales de categorías especiales.
  • Se traten más de 5.000 interesados durante 12 meses consecutivos.
  • En administraciones públicas.

¿Qué debe hacer un Delegado de Protección de Datos?

  • Informar y asesorar a los responsables y encargados del tratamiento de datos personales, y a sus empleados, de sus obligaciones.
  • Cooperar y actuar como punto de contacto con las Agencias de Protección de Datos.
  • Supervisar que se cumple la legislación y la política de protección de datos: asignación de responsabilidades, concienciación y formación del personal, auditorías, etc.
  • Asesorar cuando se le solicite para evaluar impacto de un tratamiento de datos personales, cuando entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, y posteriormente supervisar su aplicación.

¿Cualquiera puede ejercer de Delegado de Protección de Datos?

No. Tan sólo puede ejercer de Delegado de Protección de Datos alguien con cualidades profesionales, acreditado, y con conocimientos avanzados en la materia de la protección de datos, que esté capacitado para cumplir las tareas que le atribuye el Reglamento. Estas competencias o capacidades acreditadas sólo se pueden obtener a través de estudios reglados y específicos: másteres o modelos formativos ordenados para conceder esa acreditación.

Será aplicable “a partir del 25 de mayo de 2018”, pero, antes de la llegada de esta fecha, las empresas deben estar adaptadas y cumpliendo con sus obligaciones.

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